El ministro insistió en que no habría amnistía, sino facilidades para que el trabajo no declarado por la crisis pudiera regularizarse. "No vamos a mirar al pasado -dijo- queremos centrar la atención del Plan en el futuro".
No obstante Valeriano Gómez mostró su firmeza al señalar que pasados dos o tres meses de la entrada en vigor de la norma se endurecerán las sanciones a las empresas y después de ese periodo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social concentrará sus prioridades en el trabajo irregular.
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